El Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado hoy inicialmente, por unanimidad, la Ordenanza Municipal reguladora de los informes de Evaluación de Edificios (IAE).
Sant Josep de sa Talaia, 29 de gener de 2025
AEsta normativa da cumplimiento al mandato de la Ley de Urbanismo de las Illes Balears (LUIB), que desde 2017 exige a los ayuntamientos garantizar la evaluación periódica del estado de conservación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios.
La obligación de evaluar periódicamente los edificios, establecida por la normativa autonómica de 2017 y respaldada por la normativa estatal sobre rehabilitación urbana, afecta a los inmuebles con umbrales de 30 y 50 años, con una periodicidad decenal.
Para facilitar la adaptación de las comunidades y propietarios, la ordenanza establece un calendario transitorio escalonado, con un plazo máximo de 12 meses para los edificios con una antigüedad igual o superior a los 50 años, de 36 meses para los edificios de entre 30 y 50 años, y con una periodicidad de renovación de los informes cada diez años.
Con esta ordenanza, Sant Josep regula de forma operativa los plazos, el procedimiento de presentación, los modelos de informe y el régimen sancionador, así como la remisión de los informes al Registro autonómico.
Otros puntos de acuerdo
Además, la sesión plenaria ha aprobado de manera definitiva el Presupuesto municipal 2026, estableciendo las líneas de actuación e inversión para el ejercicio en curso. Asimismo, se ha aprobado la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo, incorporando las fichas correspondientes a un/a letrado/a y un/a técnico/a de servicios económicos y ajustando la dotación de operarios de servicios múltiples, con el objetivo de reforzar los servicios jurídicos y económicos del consistorio.
Por otro lado, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno a impulsar medidas inmediatas de protección social, simplificación burocrática y alivio fiscal, así como a solicitar medidas que mejoren la seguridad económica y administrativa del colectivo.
Finalmente, la sesión plenaria ha acordado instar al Gobierno a suspender la obligatoriedad de las balizas de emergencia V16 hasta que esté acreditada su eficacia, así como a mantener los triángulos de emergencia como sistema válido de señalización, impulsar ayudas para la renovación del parque automovilístico con criterios de neutralidad tecnológica y evitar normativas de carácter recaudatorio que generen costes innecesarios a la ciudadanía.
