El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado el alquiler de un local que permitirá multiplicar por seis el actual espacio de la Biblioteca Municipal de Cala de Bou que da servicio a todo Sant Agustí, y que reúne mejores condiciones para los usuarios de esta equipación, que tiene una alta demanda. En el plenario ordinario correspondiente al mes de julio celebrado esta mañana también ha salido adelante con un amplio apoyo las bases que regirán la adjudicación de 10 nuevas licencias de taxi en el municipio. Así mismo, el plenario ha acordado con el apoyo mayoritario de los grupos excepto el PP que ha votado en contra, y C’s que se ha abstenido, para instar al Consell a ejecutar cuanto antes el proyecto de soterramiento de tendidos aéreos y de senderos entre Platja d’en Bossa y Sant Francesc, en el interior del Parque Natural de ses Salines, dado que disponen de todos los permisos para poder ser ejecutados.
El nuevo local por la biblioteca que se alquilará una vez se llegue a un acuerdo con los propietarios, tendrá un coste anual de 45.000 euros, impuestos incluidos, y permitirá pasar de los 56 metros actuales a más de 300. El nuevo espacio dispone de suficiente superficie para cumplir la ratio recomendada por la Unesco según la población de este núcleo y de toda la parroquia de Sant Agustí, más de 12.000 personas. Por ejemplo, permitirá pasar de los 12 puntos de lectura actuales a medio centenar y tendrá suficiente capacidad como para ofrecer un fondo de 11.000 volúmenes frente a los 4.000 que se tienen en la ubicación actual.
«Se encuentra además en una ubicación bastante céntrica como para que esté al alcance de toda la población de Cala de Bou, con una buena iluminación y unas condiciones óptimas para hacer las actividades complementarias de dinamización de la lectura», ha explicado la regidora de Cultura, Cristina Ribas, que ha explicado que el próximo paso será redactar el proyecto para condicionar el local.
En cuanto a las bases que regirán la adjudicación por 50 años de 10 nuevas licencias de taxi, se ha establecido que 7 de ellas serán para turismos convencionales mientras que las tres restantes se tendrán que explotar con vehículos adaptados para personas con diversidad funcional y con capacidad de hasta 6 personas. El regidor de Transportes, Josep Guasch, ha recordado que esta adjudicación «es muy esperada por el sector del taxi del municipio y nos ayudará a dar respuesta a la fuerte demanda que se está registrando en determinados lugares del municipio».
A partir de la publicación del acuerdo en el BOIB, se abrirá a continuación un plazo de 20 días para que los aspirantes puedan presentar la documentación necesaria. El canon que se ha establecido es de 150.000 euros para los vehículos adaptados y 190.000 para el resto, con la posibilidad de fraccionar esta cifra en tres pagos.
En el caso de la moción del equipo de gobierno que insta al Consell a ejecutar el proyecto que se redactó en la pasada legislatura y que, como ha recordado el alcalde, Ángel Luis Guerrero, ya disponía de todos los permisos y autorizaciones, para soterrar más de 4 kilómetros de tendidos aéreos en el interior del Parque Natural de ses Salines y a la vez abrir senderos turísticos entre Platja d’en Bossa y Sant Francesc. Guerrero ha recordado que había incluso la financiación garantizada, porque se tenía que ejecutar con cargo a los fondos estatutarios, «pero estos sueldos, 1,8 millones de euros, se dejaron perder porque el Consell no quiso asumir los 10.000 euros que se tenían que pagar de canon a Costas».
El alcalde ha explicado en el plenario que, además, ahora se corre el peligro que empiecen a caducar los informes y autorizaciones que ya tiene el proyecto, y ha advertido que uno de estos documentos, el informe del departamento de Carreteras del Consell, «ya ha caducado», hecho por el cual ha justificado que desde Sant Josep se recuerde a la institución insular «que esta inversión no se tiene que dejar perder porque es estratégica para nuestro municipio para poner en valor el único parque natural de la isla».
Así mismo, se ha rechazado la transaccional que ha presentado el PP para dirigir la reclamación en el Govern por el soterramiento de tendidos aéreos, en cuanto que es la administración competente en la gestión del parque natural. Aquí el alcalde ha recordado que es el Consell quien promovió todo el proyecto y por tanto lo tiene que ejecutar.
Un punto de acuerdo que ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos ha sido el convenio con la consellería de Salud por la cesión gratuita de las instalaciones de la Unidad Básica de Salud, una vez acabadas las obras de ampliación y mejora de estas dependencias para permitir doblar el número de consultas. La regidora de Sanidad, Guadalupe Nauda, ha recordado «el importante número de usuarios que tienen como referencia esta UBS y el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para dignificar y mejorar las instalaciones para que los vecinos y vecinas reciban la atención sanitaria de proximidad que merecen».
Por otro lado, el regidor de Hacienda, Vicent Roselló, ha presentado la cuenta general correspondiente a 2021, ejercicio por el cual se previó un presupuesto de 39,5 millones de euros que se ha ejecutado al 107%. En posterioridad, por la vía de varias modificaciones presupuestarias, se incorporaron varias partidas con un nivel de ejecución final del 81% y con la incorporación de 4,5 millones de euros al presupuesto de este año. Roselló ha valorado el alto cumplimiento de las previsiones y ha destacado «el rigor con el que se planifican y ejecutan las inversiones en Sant Josep, a pesar de la situación de pandemia que nos ha obligado a actuar para reforzar determinadas áreas como los servicios sociales, donde también hemos incrementado mucho el gasto corriente».
Es uno de los puntos que se han tratado hoy en el plenario ordinario de julio de la Corporación, donde también se ha acordado el convenio de cesión que les llevará por vía de urgencia al plenario ordinario del mes de julio, que se celebra a partir de las 9.30 horas, la aprobación de una modificación de crédito extraordinaria para poder reservar 428.000 euros para la demolición del complejo turístico ilegal denominado Casa Lola. Este punto se ha tratado esta mañana en una comisión extraordinaria de Hacienda convocada ayer también de urgencia, en la que los representantes de los grupos políticos del plenario han mostrado su acuerdo con la medida, lo que hace suponer que también votarán a favor de la incorporación por vía de urgencia en el orden del día de la sesión plenaria, antes de poder discutir posteriormente su aprobación, según ha explicado el teniente de alcalde de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, que confía en recibir el apoyo de la Corporación a la medida.
Roselló ha explicado que se ha optado por esta vía «para poder llegar a tiempo con toda la tramitación completada» para dar así cumplimiento a la autorización judicial de entrada al recinto de Casa Lola para proceder a la ejecución subsidiaria del restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, por la que Sant Josep dispone de un plazo de 60 días. La reserva de fondo se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber levantadas ilegalmente dentro de la finca, con varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados, «porque la carencia de colaboración de la propiedad ha impedido poder comprobar el alcance real de todo lo que se ha construido».
El teniente de alcalde ha recordado que el Ayuntamiento tiene que asumir inicialmente este gasto «porque hasta el día de hoy la propiedad de Casa Lola no ha cumplido la sentencia que les obliga a derrocarlo ellos mismos», pero ha recordado que todo este dinero «que sale de los bolsillos de los josepins y josepines lo reclamaremos posteriormente a los infractores» y ha recordado que la Administración tiene vías para recuperar este dinero como es el embargo de cuentas bancarias y la subasta de los bienes que se relacionen con la propiedad.
Tal como anunció el alcalde, Ángel Luis Guerrero, el pasado viernes, la voluntad del Ayuntamiento es proceder a la entrada al recinto de Casa Lola el próximo 9 de agosto a las 9 horas de la mañana, y así se ha comunicado a la propiedad. Esta acción solo se puede parar con una resolución cautelarísima de los juzgados, según explicó Guerrero entonces.
La sesión plenaria de mañana también tratará otras cuestiones como la licitación de diez nuevas licencias de taxi, tres de ellas adaptadas para usuarios con diversidad funcional; el alquiler de un local donde se ubicará la biblioteca de Cala de Bou y el convenio con el Servicio Balear de Salud que formaliza la cesión del inmueble donde se ubica la Unidad Básica de esta parte del municipio.
Por último, una vez aprobada la urgencia, se ha aprobado el gasto de una modificación de crédito extraordinaria para poder reservar 428.000 euros a la demolición del complejo turístico ilegal denominado Casa Lola, en aplicación de la autorización judicial que da de plazo 60 días para acceder a la propiedad y proceder al derrumbe. La reserva de fondo se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber levantadas ilegalmente dentro de la finca, con varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados. El acuerdo ha salido adelante con la abstención del PP y de PxE, que han apoyado a la voluntad de restablecer la legalidad urbanística en este caso pero han pedido que se fundamentara mejor el expediente.
