El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado por unanimidad una modificación presupuestaria que permitirá incrementar en 300.000 euros la partida de ayudas para cubrir las necesidades básicas de las personas del municipio afectadas por la crisis económica derivada de la COVID-19. La decisión adoptada por el plenario municipal en la sesión ordinaria celebrada esta mañana en la que también se ha aprobado la primera modificación del reglamento orgánico municipal y el suplemento de 222.000 euros adicionales por las obras del CEIP Ses Planes. También se ha aprobado por unanimidad el nombramiento de Joan Prats Ribas como juez de paz suplente por un periodo de 4 años.
El regidor de Hacienda, Vicent Roselló, ha argumentado el aumento de los fondos destinados a ayudar a las familias y personas afectadas por la crisis en el incremento de usuarios de los servicios sociales a raíz de la pandemia y el agotamiento de las partidas destinadas inicialmente a atenderlos. De hecho, raíz del confinamiento ya se aprobó una primera modificación de crédito para destinar en 300.000 euros los fondos para ayudas de primera necesidad vinculadas a la pandemia, al margen de la cobertura de las necesidades básicas que ya prestan los servicios sociales municipales.
Por otro lado, con el aumento de la inversión del nuevo colegio, justificado en las modificaciones que se han tenido que hacer sobre el proyecto original, el presupuesto definitivo de esta construcción llega a los 3.494.388,00 €. El Ayuntamiento ha avanzado el total del coste, que la consellería de Educación devolverá en varias anualidades, incluyendo este incremento del coste que ha tenido esta inversión, ha recordado Roselló.
El plenario ha aprobado una moción de los grupos del equipo de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, contraria al retorno del tráfico de mercancías y los ferrys de gran tonelaje en el puerto de Sant Antoni excepto en situaciones de emergencia, priorizando el uso recreativo, deportivo, pesquero y de refugio de la bahía. El acuerdo, al que se han añadido los regidores de Proposta per Eivissa y Ara Eivissa, se pide también que Sant Josep esté presente en las próximas reuniones para tratar el futuro de esta instalación.
En la moción se pide al Gobierno que prohíba mantener ferris atracados en los muelles de Sant Antoni y el compromiso de no aumentar el número de amarres comerciales. A la vez se pide al representante del Consell de Eivissa al consejo de administración de Ports IB a votar en el mismo sentido que dicta el acuerdo de pleno de Sant Josep.
Otra moción del equipo del Gobierno que ha salido adelante insta el Gobierno de la comunidad a ser restrictivo en la concesión de nuevas autorizaciones a establecimientos de juegos y apuestas, que vele porque estén alejados más de 500 metros de centros educativos, sanitarios y cívicos y que se coordinen con los ayuntamientos inspecciones periódicas a estos negocios y acciones de prevención de las adicciones al juego.
Por último, se ha aprobado un pronunciamiento a favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, condena la ruptura del alto el fuego y pide al Gobierno central que refuerce la acción humanitaria y la cooperación con el pueblo saharaui.
El equipo de gobierno ha apoyado una moción enmendada de Ciudadanos para que se instale un sistema de videovigilancia en el municipio siguiendo el solicitado en este sentido por la Policía Local del municipio.
Los grupos municipales han aceptado incorporar en el debate por vía de urgencia una moción con el apoyo de casi todos los partidos representados (PSOE, Unidas Podemos, PP, C’s, Ara Eivissa y Proposta x Eivissa) de rechazo a la violencia contra las mujeres y de compromiso con las víctimas. Además, compromete en el Ayuntamiento a trabajar contra esta lacra, con medidas de apoyo específico para las mujeres de más de 65 años y las del mundo rural, así como a colaborar con entidades e instituciones en esta lucha de toda la sociedad.
