La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha acordado resolver que las obras de un complejo de varias construcciones detectado a una finca de Sant Jordi son ilegalizables y, por lo tanto, ordena el restablecimiento de la zona afectada a la realidad física anterior. Así mismo, la junta ha informado desfavorablemente la solicitud ante la Demarcación de Costas de la ocupación del dominio público para instalar tres puntos de fondeo para embarcaciones de gran eslora ante la zona hotelera de Playa den Bossa, entre otros asuntos tratados.
En el primero de estos asuntos, la resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística, se da un plazo de un mes para restaurar el entorno alterado a las personas consideradas responsables de las obras, tipificadas como infracción urbanística muy grave, en las que no consta que se hubiera obtenido la preceptiva licencia urbanística. También se advierte a la propiedad y a la promotora de las obras que en caso de incumplir la orden de restauración y de persistir en esta actitud, se impondrán hasta 12 sanciones coercitivas por importe del 10% de las obras realizadas. Justo es decir que en este caso el valor de estas es de 1.824.433 euros, según lo que han estimado los servicios urbanísticos municipales.
De este modo, la junta de gobierno desestima las alegaciones presentadas por la promotora de los trabajos y concluye el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística ratificando la propuesta de resolución elevada por los técnicos municipales. Además del anterior, se suspenden los usos urbanísticos previstos en este lugar.
Frente esta resolución, se puede interponer recurso facultativo ante la Junta de Gobierno en el plazo de un mes o directamente ante el juzgado del Contencioso–administrativo, para el que disponen dos meses.
La infracción se detecta a raíz de una denuncia urbanística en octubre de 2019. A finales de aquel mes se realiza una inspección conjunta del celador municipal y personal del Consell de Ibiza en el emplazamiento, situado al diseminado de Cas Costas, y se confirma la ausencia de licencia urbanística. Nuevamente en diciembre se visita la propiedad para evaluar el volumen edificado sin autorización mientras los promotores presentan una propuesta para mirar de legalizar el ejecutado que incluye la demolición de algunos elementos.
Los servicios urbanísticos identifican hasta ocho edificaciones casi finalizadas en su totalidad, con tres construcciones principales, una de 350 metros cuadrados, otra de 216 m² y de 141 metros cuadrados la tercera, que parece que estarían destinadas a alojamiento turístico rural, además de la apertura de dos caminos y la extensión de graba por la propiedad. Para la construcción del complejo, además, se talaron varios árboles para poder ejecutar terrazas y plataformas entre las construcciones.
En la tramitación del expediente se determina que todo el edificado no cumple las normas urbanísticas y se encuentra fuera de ordenación, hecho por el cual resulta ilegalizable y se propone su demolición, así como la rehabilitación del terreno a su estado original.
En cuanto al proyecto de fondeos para grandes esloras, el grupo empresarial promotor se pedía la concesión de una superficie de 44.633 metros cuadrados de las de aguas de Playa den Bossa para poder instalar tres puntos de fondeo. Para que pudieran amarrar embarcaciones de hasta 40 metros de eslora, se requería sumergir varios muertos de siete toneladas de hormigón.
En concreto, se querían habilitar dos fondeos para embarcaciones de 30 metros de eslora y un tercero para yates de hasta 40 metros, que funcionarían durante la temporada estival ante uno de los hoteles de esta playa.
Entre las razones para desestimar la propuesta que se tramita ante la Demarcación de Costas, que ha pedido el pronunciamiento municipal, está el peligro que se aprecia por los bañistas y las actividades de la playa. Esto es así porque se propone usar un canal de entrada de embarcaciones denegado en años anteriores. También se recuerda que la gestión de los fondeos al litoral se tiene que hacer desde la Administración aplicando criterios de sostenibilidad. Por último, se desestima la propuesta porque a pesar de que se pide una autorización temporal, se plantea tirar en el mar unos elementos que estarán de forma permanente, como son los muertos de hormigón.
