El Ayuntamiento de Sant Josep hace un balance positivo del primer año de funcionamiento de la oficina municipal de la vivienda, Habita Sant Josep, y su servicio de asesoramiento jurídico que se ofrece tanto a arrendatarios como propietarios. En este tiempo se han atendido 112 personas, que han formulado un total de 168 consultas. «Consideramos que es una herramienta que ha sido muy valorada por los vecinos y vecinas del municipio y que al Ayuntamiento le resulta muy útil porque permite conocer de bien cerca las problemáticas que van surgiendo en San Josep en materia de vivienda», ha dicho la regidora de este área, Guadalupe Nauda. Es lo que ha pasado, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que ha generado «un cambio en las consultas que se han formulado en Habita Sant Josep».
«Nuestra intención es continuar dando este servicio que nos permite calibrar las necesidades de nuestros ciudadanos y ser más quirúrgicos a la vez de planificar las posibles ayudas económicas y sociales, que queremos incrementar para dar respuesta a las nuevas situaciones que nos llegan a raíz de la pandemia», ha añadido la regidora.
El servicio de asesoramiento ha vivido un incremento de las consultas a raíz del confinamiento y la crisis económica derivada de la COVID-19: desde la puesta en marcha del servicio, en septiembre de 2019, y hasta febrero pasado habían sido 61 en total. Con la reanudación de la atención en Habita Sant Josep, en el mes de mayo, y hasta el 30 de septiembre ya se han atendido 107 consultas.
Hasta el mes de enero, el 90% de las consultas provenían de personas en régimen de alquiler, sobre todo mujeres. Más del 80% de estas atenciones estaban motivadas por dudas relacionadas con la finalización del contrato de arrendamiento y la preocupación por perder la vivienda y tener que buscar una de nuevo. En cuanto al perfil familiar: un 32% de las consultas atendidas por Habita afectan a una familia convencional, en el 30% de ocasiones la consulta procede una familia monoparental, las parejas sin hijos representan el 28% de atenciones y el 10% de consultas restantes las formularon propietarios.
En este primer periodo, antes de la pandemia, el abogado Juanjo Ferrer, responsable del servicio, resalta la situación que se vivía en Cala de Bou donde se ha atendido «un número relevante de casos de personas que ocupan una vivienda, con el contrato de alquiler vencido o sin contrato, en pisos que han formado parte de quiebras empresariales, adjudicados a entidades financieras o fondos de inversión. En todos los casos se trataba de familias que tenían que hacer frente a procedimientos judiciales de desahucio».
Después del confinamiento de marzo, el perfil económico de los usuarios se ha modificado. A pesar de que la mayoría de consultas las han seguido haciendo mujeres, en la mayor parte de casos se trataba de trabajadoras en situación de ERTE o paradas sin ningún tipo de ayuda y que tampoco habían recurrido previamente a los servicios sociales del Ayuntamiento, hecho que genera situaciones de angustia a las usuarias. Esto ha hecho que parte del trabajo de asesoramiento haya derivado a orientar en la solicitud de peticiones a la administración.
Las demandas procedentes de familias monoparentales han pasado a representar la mitad de los casos (recientemente separadas de forma mayoritaria), mientras que el 20% de consultas han procedido de familias convencionales. Las consultas formuladas por propietarios han bajado hasta el 4%.
En cuanto al motivo de la consulta, el 90% estaban relacionadas con la imposibilidad de hacer frente al alquiler por la crisis derivada de la pandemia. A pesar de que también se ha dado el caso de propietarios que han ayudado puntualmente a los alquilados con rebajas e incluso la condonación de alguna mensualidad, este no ha sido el comportamiento mayoritario detectado en Habita Sant Josep, que ha atendido situaciones en que se reclamaba los meses de retraso al usuario y le requería abandonar la vivienda.
Tanto antes de la pandemia como después, el abogado ha percibido «numerosos abusos a los cuales hacen frente las arrendatarias a causa del mercado residencial tan restringido que existe en la isla, y que con la COVID-19 se ha acentuado sin observar ni bajadas de precios ni más oferta de vivienda en el mercado».
«Con todos estos datos queda más clara la necesidad de regular los precios de alquiler en la isla, para que nuestros vecinos y vecinas puedan tener un proyecto de vida digna y no tengan que destinar más de la mitad de su salario a pagar una vivienda» ha añadido Nauda.
Una de las primeras acciones en el marco de las medidas de apoyo a las familias del municipio del Ayuntamiento de Sant Josep fue la de destinar 200.000 euros en ayudas de alquiler para las personas afectadas por las consecuencias económicas de la COVID-19, que están en sus últimas fases de tramitación después de publicarse la lista provisional de beneficiarios. Específicamente para los jóvenes y estudiantes, se han consignado otros 60.000 euros de ayudas.
Habita Sant Josep sigue abierto a las consultas de la ciudadanía, tanto de manera telemática como presencial: los martes en las oficinas municipales de Cala de Bou y los jueves en las de Sant Jordi. Para ser atendido se tiene que pedir cita previa al correo electrónico habitasantjosep@gmail.com.
