El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha organizado la primera reunión colectiva entre los vecinos y las vecinas del edificio de la calle Lugo de Cala de Bou y el asesor jurídico ofrecido por el Consistorio a través de la concejalía de Vivienda, después de las amenazas del Banco Sabadell de echarlos de sus viviendas a raíz de la posible venta del bloque de pisos por parte de la entidad bancaria.
En esta reunión han participado la regidora de Vivienda del Ayuntamiento, Guadalupe Nauda, el abogado del servicio de asesoramiento jurídico Habita Sant Josep, Juanjo Ferrer, y representantes de 10 de las 11 familias afectadas. «El objetivo de este encuentro era poner las bases de la posible negociación con la propiedad, que todavía no ha contestado ninguno de los requerimientos que se le han hecho para iniciar conversaciones. El Ayuntamiento ha reiterado que se tienen que respetar los acuerdos logrados en su momento y, en este sentido, hemos dado nuestro apoyo a unas familias trabajadoras, que tienen unos derechos que no se pueden obviar, todavía menos en la actual situación», ha comentado Nauda.
En el encuentro se ha acordado plantear una negociación colectiva con las entidades implicadas en esta operación. A través de la interlocución de Habita Sant Josep los afectados reclaman que les mantenga el compromiso de renovar los contratos de alquiler que ahora peligren y, de la otra, poder ejercer el derecho de compra establecido en algunos de los arrendamientos.
Además, todos ellos reclaman el fin del acoso que han sufrido a través de llamadas telefónicas y comunicaciones de las entidades con las que se les quiere presionar para dejar sus hogares y renunciar a sus derechos, de los que se les informó durante el encuentro, en el que se analizó la situación de cada uno de los afectados.
En el inmueble viven 33 personas, de las cuales 9 son niños y niñas y con contratos de alquiler en vigor, algunos incluso con opción a compra.
Al margen de este encuentro colectivo, el servicio de asesoramiento jurídico que se ofrece cada martes en Cala de Bou y los jueves en Sant Jordi sigue a disposición de estas y otras personas que necesiten informarse de sus derechos y deberes, tanto locatarios como propietarios.
En representación del Ayuntamiento, la regidora ha mantenido varias reuniones con las personas afectadas por separado y con el Sindicato de Inquilinas. También participó, a petición de los afectados, en un encuentro convocado por el Consell de Ibiza el pasado lunes 16 de noviembre. En todas estas ocasiones se ha coincidido en que la entidad propietaria «tiene que sentarse a hablar, como ya se ha pedido reiteradamente, aunque continúan sin responder».
