El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha dado cumplimiento a la autorización judicial de entrada para proceder a la ejecución subsidiaria del derribo del complejo turístico ilegal de Casa Lola. Cómo se había informado, la entrada se ha producido a las 9 horas de la mañana en un operativo donde la Policía Local de Sant Josep ha recibido el apoyo de dos docenas de efectivos de varias unidades de la Guardia Civil, después de confirmar la carencia de colaboración de las personas en el interior del recinto. Una vez forzada la entrada, se ha procedido a hacer el acta de replanteo de los trabajos de demolición que se tienen que completar en el plazo máximo de 60 días dado por la sala del contencioso–administrativo número 2 de Palma.

El alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, ha comparecido en la finca a media mañana para valorar el operativo y ha considerado que el día de hoy «marca un antes y un después para Sant Josep en la protección de la legalidad». Ha recordado que las órdenes de demolición para Casa Lola datan de 2010 y 2013, y ha lamentado nuevamente todos los años que la propiedad ha conseguido retrasar esta ejecución en los tribunales.

«Aquí se acaba una historia demasiado larga que podía hacer pensar que en nuestro municipio hay impunidad para algunos. Pero aquí nadie ha parado de trabajar nunca. Y quiero dar las gracias a los servicios urbanísticos y a los agentes que lo han hecho posible, sin tirar nunca la toalla y haciendo el trabajo bien hecho. La administración es lenta, pero inexorable. Hoy los que creían que nunca llegaría este día recuperarán un poco de la confianza perdida. Nunca hemos perdido de vista que no había otro final posible que este, el día de aplicar la justicia y dar cuentas ha llegado», ha explicado.

Guerrero ha explicado que en el interior se habían encontrado cerca de 60 personas alojadas, con el contingente más numeroso formato por una familia de más de 30 miembros con bebés incluidos que ha sido la que más tiempo ha tenido para evacuar el recinto atendida esta complicación. «Habían entrado ayer mismo en la casa y hacía cuatro días que la reservaron, así que pensamos que estamos ante un posible delito de estafa», ha dicho el alcalde, que ha asegurado que se ha documentado la situación de las personas alojadas para dar traslado a Fiscalía y que investigue este y otros ilícitos penales en un caso donde la responsable es «una persona que ya tiene antecedentes penales».

Guerrero también ha «echado de menos la presencia de inspectores de Turismo», porque habrían facilitado este trabajo de investigación. Aun así, se ha levantado acta de todo lo que se ha encontrado.

Justo es decir que la normalidad ha sido la nota dominante durante la mañana, en la que los agentes han ido registrando cada volumen del complejo para informar a los ocupantes que tenían que salir del recinto por su seguridad para poder iniciar las obras. Aun así, tres individuos han resultado detenidos en el transcurso del operativo por plantar resistencia a la actuación de la fuerza pública. Dos de estas personas serían supuestamente ‘trabajadores’ mientras que el tercero se considera que estaba ‘alojado’ en el complejo ilegal.

Además de esto, las fuerzas de seguridad han vaciado ordenadamente el complejo e informando a los ocupantes de cada construcción que tenían que salir de la propiedad. Los trabajos de derribo se han iniciado ya este mismo dia y se tiene la previsión de acabar «en unas dos o tres semanas», según ha explicado Guerrero. Por el poco tiempo que se tenía para entrar a la propiedad y ejecutar la resolución del juez, se adjudicó en procedimiento negociado sin publicidad al que se presentaron seis empresas, todas ibicencas, y se adjudicó a Hermanos Parrot por 250.000 euros, 150.000 menos de los previstos en las bases, para la demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente.

El alcalde ha explicado que a pesar de las notificaciones oficiales, del complejo no se ha retirado un solo mueble. Del mismo modo, ha lamentado «el modus operandi» de la propiedad, que hasta el último día «ha estado estafando la gente y aprovechándose. A sabiendas de lo que pasaba hoy y no haber avisado a todos los que había aquí dentro, ni ella ni sus representantes, se califica por sí solo y no nos extraña nada». Tampoco ha habido nadie que se identificara como representante de la propiedad para facilitar la actuación.

Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa en el edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m². «Es la primera vez que se ha podido entrar a la finca», recordaba el alcalde, que ha señalado que además, se han encontrado «dos o tres volúmenes nuevos levantados después del 2013 y, a pesar de que no son muy grandes, también les tendremos que abrir expediente de demolición».

Como ya se informó anteriormente, una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se retomará la tramitación del expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución judicial del caso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción que inicialmente era de 1,4 millones de euros. A esta cifra se tendrá que añadir la reclamación correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de la demolición que ha asumido el Ayuntamiento, una cantidad que puede variar en función de la situación que se encuentren dentro del recinto. Por ejemplo, si, efectivamente, los promotores derribaron parte del complejo por su cuenta.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha formalizado la recepción del legado póstumo que hizo la maestra Margarita Noguera al pueblo de Sant Agustí, donde ejerció la docencia durante muchos años. En su nombre, dos de sus ahijadas, sus parientes más directos, han firmado la donación de una herencia que consiste en varios objetos personales pero, sobre todo, un largo listado de libros que acumuló a lo largo de la vida esta mujer culturalmente muy inquieta e implicada en el tejido asociativo del que fue su pueblo de acogida durante buena parte de su larga vida.

Antònia Vich Noguera y Margarita Noguera Tur, en cumplimiento de las últimas voluntades de su madrina, visitaron también el espacio de Can Curt donde se podrá ver la colección de libros que ha heredado el Ayuntamiento en nombre del pueblo de Sant Agustí de una mujer que «dedicó su vida a formar y promover la cultura entre sus vecinos, y lo seguirá haciendo incluso después de morir gracias a los libros que ha dado a los agustiners y agustineres con este gesto póstumo», ha explicado la regidora de Cultura, Cristina Ribas.

La biblioteca personal de la maestra Noguera está formada por más de 637 volúmenes, en un legado que también contiene varias fotografías, algunas placas y obsequios que recibió y otros documentos apreciados por ella como su carné de la Asociación de Vesins de Sant Agustí. En cuanto a los libros, hay sobre todo obras literarias, pero también otras compilaciones de prensa, diccionarios de consulta y enciclopedias. Su voluntad era que estas obras estuvieran a disposición de sus vecinos, y para darle cumplimiento desde la concejalía de Cultura se han ocupado de inventariar este catálogo y disponerlo en varias estanterías en el espacio de la Asociación de Mayores del pueblo, en el centro sociocultural de Can Curt, donde se podrán consultar y leer.

«La maestra de Sant Agustí, como la conocía todo el mundo, quería que los libros que tanto apreciaba estuvieran en el pueblo de Sant Agustí, donde no disponemos de biblioteca, y como no queríamos llevar la colección a la de Cala de Bou, que da también servicio a los vecinos del pueblo, hemos buscado la complicidad de la Asociación de Mayores, que están encantados de ayudarnos en hacer cumplir la voluntad de una persona muy querida por todos», ha explicado la regidora de Educación, Ángeles Marí.

A pesar de que nació en Santa Eulària en 1927, Noguera inició su larga trayectoria en la enseñanza en Sant Llorenç, en 1950, y después Sant Carles donde consiguió escolarizar todas las muchachas, hasta 80 en una misma clase. Siguió enseñando en Sant Joan, en Sant Antoni y en un pueblecito de Tarragona, hasta el 1959, que llega al pueblo agustiner, donde a lo largo de más de cuatro décadas dedicadas a la docencia formó generaciones de niños del pueblo y dejó un recuerdo entrañable que ha perdurado entre todos los que la tuvieron de maestra. Desde los inicios, cuando las clases se hacían en la casa destartalada donde también tenía que vivir ella hasta la inauguración del CEIP Es Vedrà, del que fue la primera directora. Veía la enseñanza como la forma para preparar a su alumnado para ser «personas útiles a la sociedad», una profesora moderna y comprometida que no tenía problema en recibir a los alumnos y sus familias en casa para comentar su rendimiento.

Recibió numerosos reconocimientos por su dedicación y por su aportación a la sociedad, como la Medalla al Mérito de Sant Josep, en el 2010, o el premio 8 de Marzo de la Asociación de Mujeres Progresistas, entre otros muchos reconocimientos. Estuvo siempre muy implicada en la vida del pueblo al que se trasladó a vivir con el paso de los años, integrándose en varios colectivos, y hasta su muerte, en junio de 2021, a los 94 años de edad.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia organiza en la sala de Can Curt, en Sant Agustí, la exposición de final de curso con las obras que han elaborado el alumnado del Curso de Pintura municipal, dentro de la oferta de cursos y talleres que anualmente promueve la concejalía de Cultura. La muestra se inauguró ayer con una gran asistencia de personas, en la que «es la primera ocasión de mostrar su obra por muchos de los alumnos, a pesar de que algunos son ya veteranos otros años y participan en cada nueva edición del curso de pintura para seguir aprovechando este arte», como ha explicado la regidora de Cultura, que va . El resultado de su trabajo se puede ver hasta el próximo 14 de agosto en la sala de exposiciones del centro sociocultural de Sant Agustí, en el horario habitual de la sala: de jueves a domingo de las 19.30 a las 21.30 horas.

La muestra que se puede ver desde ayer la forman una treintena de obras creadas por los 26 alumnos del curso del último año. En esta muestra colectiva encontramos todo tipo de estilos igual que también los creadores se han inspirado en elementos muy diversos, alrededor de los temas que se han trabajado durante el curso, con piezas que van del pop art al figurativo o el más abstracto. Esta diversidad llega incluso a los formatos, como encontramos quién ha optado por un lienzo redondo de temas que hemos ido trabajando durante este curso, desde cambios de formato con lienzo redondo a técnicas como la espátula o las tintas hasta estilos pop arte o inspiración de diferentes artistas en todo el mundo, pasando también por técnicas variadas como espátula o tintas.

La exposición refleja también la variedad de alumnos que se acercan al curso de pintura, desde los que este año han tenido su primer contacto con el arte a los que acumulan ya una trayectoria de 5 o 6 años participando en estas sesiones y se atreven a experimentar con la creación de una forma más osada. «Esperamos que en los próximos cursos podamos seguir desarrollando su creatividad y su aprendizaje», ha deseado el profesor que les ha guiado en este proceso, Fernando Belenguer.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado el listado definitivo con los y las estudiantes de formación superior o ciclos formativos de grado superior del municipio que recibirán las becas de 800 euros para ayudarles con los gastos de seguir su formación fuera de la isla. «Para muchas familias del municipio estas ayudas suponen un alivio de la carga que representa tener alguno de sus miembros estudiando fuera, y nos esforzamos en hacer sencilla la tramitación para poder dar cuántas más becas mejor, así que este año estamos muy satisfechos porque nos hemos quedado muy cerca de agotar la partida que teníamos prevista», ha dicho la regidora de Educación, Ángeles Marí.

La convocatoria de estas ayudas que otorga la concejalía de Educación se empezó a tramitar para facilitar que los posibles beneficiarios pudieran presentar sus solicitudes entre el 3 de diciembre de 2021 y el 20 de enero de este año, aprovechando que muchos de los posibles interesados estarían en la isla para las vacaciones de Navidad y Fin de año. Desde el inicio de este mandato, además se aprobó un incremento de la cuantía de 100 euros respete los 700 que se venían concediendo con anterioridad.

El total de las becas aprobadas representa un desembolso de 149.600 euros para el Ayuntamiento, que había reservado una partida de 160.000 euros para esta convocatoria con la que se preveía beneficiar a 200 estudiantes del municipio, que quedará cerca de agotarse.

Entre los requisitos, los y las solicitantes tenían que estar empadronados como mínimo desde enero de 2021 en el municipio y cursar o bien un ciclo formativo de grado medio y superior o bien estudios universitarios oficiales, además de haber aprobado como mínimo la mitad de los créditos correspondientes en el anterior curso completo y estar matriculado de al menos la mitad de los créditos del presente.

En cuanto a los estudios que cursa el alumnado que ha pedido las becas, entre los universitarios del municipio predominen los grados técnicos vinculados a Ingeniería, Informática y desarrollo digital, a pesar de que también hay un número relevante que cursen estudios vinculados a las Ciencias Ambientales y el sector de la comunicación como Periodismo y Comunicación Audiovisual, así como Abogacía y alguna rama del diseño, sobre todo vinculado a la moda. En cuanto al alumnado de máster que opta a las ayudas, de nuevo predominan los relacionados con la Ingeniería, entre otras muy especializados.

En cuanto a los becados que reciben formación de Grado Superior y Medio, destacan los que cursan Marketing y Publicidad, por un lado, y los estudiantes de Automoción, a pesar de que la variedad de títulos es muy amplia, con notable peso de los títulos vinculados a la creación digital como el CFGS Animación, Juegos y Entornos Interactivos y relacionados con la moda, como el CFGS de Grabación y Técnicas de Estampación.

La lista definitiva del alumnado becado se puede consultar en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sant Josep, a www.santjosep.org.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha aprobado el alquiler de un local que permitirá multiplicar por seis el actual espacio de la Biblioteca Municipal de Cala de Bou que da servicio a todo Sant Agustí, y que reúne mejores condiciones para los usuarios de esta equipación, que tiene una alta demanda. En el plenario ordinario correspondiente al mes de julio celebrado esta mañana también ha salido adelante con un amplio apoyo las bases que regirán la adjudicación de 10 nuevas licencias de taxi en el municipio. Así mismo, el plenario ha acordado con el apoyo mayoritario de los grupos excepto el PP que ha votado en contra, y C’s que se ha abstenido, para instar al Consell a ejecutar cuanto antes el proyecto de soterramiento de tendidos aéreos y de senderos entre Platja d’en Bossa y Sant Francesc, en el interior del Parque Natural de ses Salines, dado que disponen de todos los permisos para poder ser ejecutados.

El nuevo local por la biblioteca que se alquilará una vez se llegue a un acuerdo con los propietarios, tendrá un coste anual de 45.000 euros, impuestos incluidos, y permitirá pasar de los 56 metros actuales a más de 300. El nuevo espacio dispone de suficiente superficie para cumplir la ratio recomendada por la Unesco según la población de este núcleo y de toda la parroquia de Sant Agustí, más de 12.000 personas. Por ejemplo, permitirá pasar de los 12 puntos de lectura actuales a medio centenar y tendrá suficiente capacidad como para ofrecer un fondo de 11.000 volúmenes frente a los 4.000 que se tienen en la ubicación actual.

«Se encuentra además en una ubicación bastante céntrica como para que esté al alcance de toda la población de Cala de Bou, con una buena iluminación y unas condiciones óptimas para hacer las actividades complementarias de dinamización de la lectura», ha explicado la regidora de Cultura, Cristina Ribas, que ha explicado que el próximo paso será redactar el proyecto para condicionar el local.

En cuanto a las bases que regirán la adjudicación por 50 años de 10 nuevas licencias de taxi, se ha establecido que 7 de ellas serán para turismos convencionales mientras que las tres restantes se tendrán que explotar con vehículos adaptados para personas con diversidad funcional y con capacidad de hasta 6 personas. El regidor de Transportes, Josep Guasch, ha recordado que esta adjudicación «es muy esperada por el sector del taxi del municipio y nos ayudará a dar respuesta a la fuerte demanda que se está registrando en determinados lugares del municipio».

A partir de la publicación del acuerdo en el BOIB, se abrirá a continuación un plazo de 20 días para que los aspirantes puedan presentar la documentación necesaria. El canon que se ha establecido es de 150.000 euros para los vehículos adaptados y 190.000 para el resto, con la posibilidad de fraccionar esta cifra en tres pagos.

En el caso de la moción del equipo de gobierno que insta al Consell a ejecutar el proyecto que se redactó en la pasada legislatura y que, como ha recordado el alcalde, Ángel Luis Guerrero, ya disponía de todos los permisos y autorizaciones, para soterrar más de 4 kilómetros de tendidos aéreos en el interior del Parque Natural de ses Salines y a la vez abrir senderos turísticos entre Platja d’en Bossa y Sant Francesc. Guerrero ha recordado que había incluso la financiación garantizada, porque se tenía que ejecutar con cargo a los fondos estatutarios, «pero estos sueldos, 1,8 millones de euros, se dejaron perder porque el Consell no quiso asumir los 10.000 euros que se tenían que pagar de canon a Costas».

El alcalde ha explicado en el plenario que, además, ahora se corre el peligro que empiecen a caducar los informes y autorizaciones que ya tiene el proyecto, y ha advertido que uno de estos documentos, el informe del departamento de Carreteras del Consell, «ya ha caducado», hecho por el cual ha justificado que desde Sant Josep se recuerde a la institución insular «que esta inversión no se tiene que dejar perder porque es estratégica para nuestro municipio para poner en valor el único parque natural de la isla».

Así mismo, se ha rechazado la transaccional que ha presentado el PP para dirigir la reclamación en el Govern por el soterramiento de tendidos aéreos, en cuanto que es la administración competente en la gestión del parque natural. Aquí el alcalde ha recordado que es el Consell quien promovió todo el proyecto y por tanto lo tiene que ejecutar.

Un punto de acuerdo que ha recibido el apoyo unánime de todos los grupos ha sido el convenio con la consellería de Salud por la cesión gratuita de las instalaciones de la Unidad Básica de Salud, una vez acabadas las obras de ampliación y mejora de estas dependencias para permitir doblar el número de consultas. La regidora de Sanidad, Guadalupe Nauda, ha recordado «el importante número de usuarios que tienen como referencia esta UBS y el esfuerzo que se ha hecho desde el Ayuntamiento para dignificar y mejorar las instalaciones para que los vecinos y vecinas reciban la atención sanitaria de proximidad que merecen».

Por otro lado, el regidor de Hacienda, Vicent Roselló, ha presentado la cuenta general correspondiente a 2021, ejercicio por el cual se previó un presupuesto de 39,5 millones de euros que se ha ejecutado al 107%. En posterioridad, por la vía de varias modificaciones presupuestarias, se incorporaron varias partidas con un nivel de ejecución final del 81% y con la incorporación de 4,5 millones de euros al presupuesto de este año. Roselló ha valorado el alto cumplimiento de las previsiones y ha destacado «el rigor con el que se planifican y ejecutan las inversiones en Sant Josep, a pesar de la situación de pandemia que nos ha obligado a actuar para reforzar determinadas áreas como los servicios sociales, donde también hemos incrementado mucho el gasto corriente».

Es uno de los puntos que se han tratado hoy en el plenario ordinario de julio de la Corporación, donde también se ha acordado el convenio de cesión que les llevará por vía de urgencia al plenario ordinario del mes de julio, que se celebra a partir de las 9.30 horas, la aprobación de una modificación de crédito extraordinaria para poder reservar 428.000 euros para la demolición del complejo turístico ilegal denominado Casa Lola. Este punto se ha tratado esta mañana en una comisión extraordinaria de Hacienda convocada ayer también de urgencia, en la que los representantes de los grupos políticos del plenario han mostrado su acuerdo con la medida, lo que hace suponer que también votarán a favor de la incorporación por vía de urgencia en el orden del día de la sesión plenaria, antes de poder discutir posteriormente su aprobación, según ha explicado el teniente de alcalde de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, que confía en recibir el apoyo de la Corporación a la medida.

Roselló ha explicado que se ha optado por esta vía «para poder llegar a tiempo con toda la tramitación completada» para dar así cumplimiento a la autorización judicial de entrada al recinto de Casa Lola para proceder a la ejecución subsidiaria del restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, por la que Sant Josep dispone de un plazo de 60 días. La reserva de fondo se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber levantadas ilegalmente dentro de la finca, con varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados, «porque la carencia de colaboración de la propiedad ha impedido poder comprobar el alcance real de todo lo que se ha construido».

El teniente de alcalde ha recordado que el Ayuntamiento tiene que asumir inicialmente este gasto «porque hasta el día de hoy la propiedad de Casa Lola no ha cumplido la sentencia que les obliga a derrocarlo ellos mismos», pero ha recordado que todo este dinero «que sale de los bolsillos de los josepins y josepines lo reclamaremos posteriormente a los infractores» y ha recordado que la Administración tiene vías para recuperar este dinero como es el embargo de cuentas bancarias y la subasta de los bienes que se relacionen con la propiedad.

Tal como anunció el alcalde, Ángel Luis Guerrero, el pasado viernes, la voluntad del Ayuntamiento es proceder a la entrada al recinto de Casa Lola el próximo 9 de agosto a las 9 horas de la mañana, y así se ha comunicado a la propiedad. Esta acción solo se puede parar con una resolución cautelarísima de los juzgados, según explicó Guerrero entonces.

La sesión plenaria de mañana también tratará otras cuestiones como la licitación de diez nuevas licencias de taxi, tres de ellas adaptadas para usuarios con diversidad funcional; el alquiler de un local donde se ubicará la biblioteca de Cala de Bou y el convenio con el Servicio Balear de Salud que formaliza la cesión del inmueble donde se ubica la Unidad Básica de esta parte del municipio.

Por último, una vez aprobada la urgencia, se ha aprobado el gasto de una modificación de crédito extraordinaria para poder reservar 428.000 euros a la demolición del complejo turístico ilegal denominado Casa Lola, en aplicación de la autorización judicial que da de plazo 60 días para acceder a la propiedad y proceder al derrumbe. La reserva de fondo se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber levantadas ilegalmente dentro de la finca, con varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados. El acuerdo ha salido adelante con la abstención del PP y de PxE, que han apoyado a la voluntad de restablecer la legalidad urbanística en este caso pero han pedido que se fundamentara mejor el expediente.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia inaugura el próximo viernes, 29 de julio, a las 20.30 horas en el Centro de Cultura Can Jeroni la exposición ‘Tito’ en homenaje póstumo al ceramista Lautaro Valenzuela, Tito, nacido en Chile pero muy arraigado al municipio, donde residió durante décadas y hasta su muerte a finales de 2020, a los 81 años, en un accidente de tráfico. La exposición consiste en una retrospectiva de piezas de cerámica-gres de su colección y se podrá visitar hasta el 21 de agosto.

El artista, que residía desde hace muchos años en la zona des Cubells, ha expuesto en diferentes ocasiones sus obras en el Centro de Cultura Can Jeroni, la última a finales de 2019 con la exposición ‘Tiempo de retornos’. En aquella exhibición se pudo disfrutar de obras con inspiración natural como montañas, volcanes o paisajes de su Chile de origen, algunas de las cuales se podrán volver a ver en esta exposición de tributo a su recuerdo.

«Con su desaparición perdimos un gran artista y un vecino de Sant Josep, pero nos queda un gran legado para todas las personas que lo hemos conocido, que es poder seguir disfrutando de su obra, que tantas veces expuso en nuestro municipio. Para este día contaremos con la visita de familiares llegados de Chile y también amigos próximos que nos acompañarán en la inauguración de la exposición, una cosa que hace todavía más señalado este homenaje, por el que esperamos contar también con muchos de los que lo conocimos y valoran su obra, que invitamos a descubrir durante estas semanas que la tendremos expuesta» ha dicho la regidora de Cultura, Cristina Ribas.

El ceramista Lautaro Valenzuela se formó en la Escuela de Artes Aplicadas de la Universidad de Chile hasta el 1962, donde empezó una amplia carrera compartiendo taller posteriormente con Pedro Hernández y Waltraut Petersen. Después de estas experiencias se trasladó a Barcelona y trabajó junto a Antonio Campusano. En la isla de Ibiza amplificó su espectro artístico convirtiéndose también en diseñador de jardines, sin perder de vista la cerámica. No fue hasta 2006 su vuelta a Chile para refrescar su formación, en aquella ocasión al taller Huara de Zoog, donde retomó la exposición de su obra empezando a participar en muestras colectivas.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia llevará por vía de urgencia al plenario ordinario del mes de julio, que se celebra mañana a partir de las 9.30 horas, la aprobación de una modificación de crédito extraordinaria para poder reservar 428.000 euros para la demolición del complejo turístico ilegal denominado Casa Lola. Este punto se ha tratado esta mañana en una comisión extraordinaria de Hacienda convocada ayer también de urgencia, en la que los representantes de los grupos políticos del plenario han mostrado su acuerdo con la medida, lo que hace suponer que también votarán a favor de la incorporación por vía de urgencia en el orden del día de la sesión plenaria, antes de poder discutir posteriormente su aprobación, según ha explicado el teniente de alcalde de Hacienda de Sant Josep, Vicent Roselló, que confía al recibir el apoyo de la Corporación a la medida.

Roselló ha explicado que se ha optado por esta vía «para poder llegar a tiempo con toda la tramitación completada» para dar así cumplimiento a la autorización judicial de entrada al recinto de Casa Lola para proceder a la ejecución subsidiaria del restablecimiento de la legalidad urbanística vulnerada, por la que Sant Josep dispone de un plazo de 60 días. La reserva de fondo se ha hecho en base a las estimaciones preliminares del posible coste de la demolición de las construcciones que puede haber levantadas ilegalmente dentro de la finca, con varios volúmenes que suman cerca de 2.000 metros cuadrados edificados, «porque la carencia de colaboración de la propiedad ha impedido poder comprobar el alcance real de todo lo que se ha construido».

El teniente de alcalde ha recordado que el Ayuntamiento tiene que asumir inicialmente este gasto «porque hasta el día de hoy la propiedad de Casa Lola no ha cumplido la sentencia que les obliga a demolerlo ellos mismos», pero ha recordado que todo este asunto económico «que sale de los bolsillos de los josepins y josepines lo reclamaremos posteriormente a los infractores» y ha recordado que la Administración tiene vías para recuperar estos sueldos como es el embargo de cuentas bancarias y la subasta de los bienes que se relacionen con la propiedad.

Tal como anunció el alcalde, Ángel Luis Guerrero, el pasado viernes, la voluntad del Ayuntamiento es proceder a la entrada al recinto de Casa Lola el próximo 9 de agosto a las 9 horas de la mañana, y así se ha comunicado a la propiedad. Esta acción solo se puede parar con una resolución cautelarísima de los juzgados, según explicó Guerrero.

La sesión plenaria de mañana también tratará otras cuestiones como la licitación de diez nuevas licencias de taxi, tres de ellas adaptadas para usuarios con diversidad funcional; el alquiler de un local donde se ubicará la biblioteca de Cala de Bou y el convenio con el Servicio Balear de Salud que formaliza la cesión del inmueble donde se ubica la Unidad Básica de esta parte del municipio.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia se ha fijado como uno de los objetivos del mandato el reducir la generación de residuos en las fiestas populares para hacerlas más sostenibles. En este sentido, se ha dado un paso más hacia la reducción del volumen de residuos que se generan en las celebraciones en el municipio con la incorporación de un nuevo servicio de recogida específico para los vasos reutilizables que ya se tienen que usar en verbenas y fiestas en la calle que desde este pasado fin de semana ya se aplica a los conciertos programados en el Auditorio Caló de s’Oli en el marco del Festival Badia de Portmany, donde ya se aplica un protocolo que establece como se tiene que hacer la recogida y limpieza de estos vasos. A partir de aquí, desde las concejalías de Medio Ambiente y de Fiestas se tiene la intención de extender al resto de acontecimientos esta gestión orientada a la reutilización de los vasos, empezando con las próximas fiestas de Sant Agustí, donde los organizadores ya se han mostrado interesados en colaborar. Esta medida se acompañará con la edición de un código de buenas prácticas ambientales en el que trabaja ya la concejalía de Medio Ambiente para avanzar en el objetivo de hacer más ecológicas las fiestas.

Hasta ahora, se ha aplicado el modelo según el cual se cobraba una cantidad como depósito al entregar cada uno de los vasos reutilizables para usar el mismo vaso en toda la fiesta. Este depósito se recuperaba devolviendo el vaso al finalizar el acontecimiento pero a menudo esto no pasaba. De hecho, se ha detectado que los usuarios no los devolvían para coleccionarlos o por cualquier razón que implica su reutilización, lo que implica alargar la vida de este elemento. Pero a la regidora de Medio Ambiente, Mònica Fernández, le preocupa el elevado número de vasos reutilizables que hasta ahora no se devolvían por cualquier causa y simplemente acababan tirados en las papeleras que se distribuyen en las fiestas populares a pesar de perder el depósito. «Está claro que con esto ya no es suficiente. El solo hecho de emplear un único vaso a lo largo de toda una fiesta ya implica una reducción en la generación de residuos, pero este ahorro puede ser todavía mayor si se evita que estos vasos acaben en el cubo de la basura», plantea la regidora, Mónica Fernández.

En el Festival Badia de Portmany se aplica ahora un nuevo sistema según el cual los vasos se entregarán en la parada de Salvem sa Badia, que los cobrará a un euro, que no se devolverá. Así, toda la recaudación que haga la entidad se considera una donación que financiará sus actuaciones. Los usuarios también pueden usar sus propios vasos en las barras del acontecimiento y, si lo compran, pueden decidir si se lo quedan o no.

El Ayuntamiento distribuirá unas cajas reutilizables destinadas al retorno de los vasos que los usuarios no quieran conservar. Estas cajas facilitan que se escurran los vasos y están muy ventiladas para evitar malos olores. Pasado el acontecimiento, también se ocupará de ir a recogerlos para limpiarlos en el lavavajillas industrial del que se ha dotado la sede del Consistorio. Los servicios de limpieza municipales volverán a guardar los vasos en las cajas reutilizables y estas quedarán listas para devolver el fin de semana siguiente en el Auditorio Caló de s’Oli para el próximo recital.

Para asegurar que haya los vasos requeridos para cada celebración, la educadora ambiental de Sant Josep hará recuento cada jueves y repondrá los que se considere necesarios antes del siguiente acontecimiento, para que el viernes los organizadores los puedan pasar a recoger por el Ayuntamiento y llevarlos al centro cultural.

Este protocolo se quiere aplicar a otro tipo de acontecimientos, adaptándose a cada caso, como se tendrá que hacer en las fiestas de Sant Agustí. Como hasta ahora no había unas indicaciones de que hacer con los vasos una vez acabada un acontecimiento, los mismos organizadores de la celebración se encontraban con un montón de vasos que no sabían gestionar adecuadamente. En el que va de año el Ayuntamiento ha repartido alrededor de 13.000 vasos y la mayoría han acabado a la basura. Para conseguir una gestión circular de este recurso, se instalarán contenedores específicos durante las fiestas. Además, al acabar ninguna celebración popular se hará un repaso a las papeleras para asegurar que ningún vaso reutilizable acabe al vertedero. Después, el Ayuntamiento organizará la recolección de los vasos para poderlos lavar y almacenar hasta la próxima celebración popular, que se podrán volver a usar.

Justo es decir que el tipo de vaso reutilizable que se suministra desde hace dos años a todas las fiestas del municipio es perfectamente apto por el lavavajillas y resiste bien el lavado a altas temperaturas, así que «tirarlos después de una fiesta cuando todavía están en perfectas condiciones es un derroche de recursos que queremos evitar si es posible».

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha acogido esta mañana la firma del protocolo general de actuación para la solución de vivienda para los habitantes de los apartamentos Don Pepe y para el restablecimiento de los valores ecológicos en la zona afectada, que se ha hecho en presencia de la presidenta del Govern de las Islas Baleares, Francina Armengol, y que recoge la solución acordada entre el Govern de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Sant Josep y el Consell Insular de Ibiza con los vecinos de los apartamentos Don Pepe.

La presidenta Armengol ha destacado que este acuerdo no plantea «una solución inmediata pero sí contiene la solución definitiva» a la situación de los edificios des Guijarral y ha asegurado que todo el proceso «estará lleno de generosidad y lealtad para trabajar juntos y poderlo conseguir».

En este sentido, el alcalde, Ángel Luis Guerrero, ha valorado que esta mañana se ha cumplido «un importante hito» en la resolución del drama que han tenido que sufrir los residentes en los apartamentos Don Pepe y ha destacado la colaboración «entre las administraciones que hará posible dar una salida a las familias afectadas» con una hoja de ruta clara para un proceso que «será largo y no será fácil» pero ha confiado en llegar «a buen puerto si mantenemos el compromiso de todas las partes como hasta ahora».

Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí ha afirmado que «cuando hay voluntad política es posible encontrar una solución» y ha apuntado que ahora falta poner «la letra pequeña» en el marco establecido en el protocolo.

La representante de los vecinos de los Don Pepe, Silvia Hernández, ha dicho que «los vecinos hemos comprobado que nuestros representantes públicos tienen palabra». Ha reconocido que en el primer momento hubo un esfuerzo de todos «para encontrar una solución política que permitiera arreglar nuestras casas, pero no fue posible» y desde ese momento le consta que ha habido «un esfuerzo permanente» para encontrar una alternativa para los afectados.

El acuerdo contempla la construcción de una nueva promoción de viviendas en el término municipal de Sant Josep, que serán permutados a los propietarios de los Don Pepe a cambio del restablecimiento de la zona natural. Los terrenos donde se construyeron estos apartamentos en 1964 tienen actualmente un importante nivel de protección de normativas de carácter autonómico, nacional y europeo y las edificaciones se encuentran fuera de ordenación, lo que hace inviable autorizar su rehabilitación.

Según el acuerdo, el Govern de las Islas Baleares se compromete a realizar las valoraciones de las viviendas Don Pepe y de la actuación de recuperación ecológica y medio ambiental del entorno donde están ubicados, se encargará de la redacción del proyecto de construcción de las nuevas viviendas y del restablecimiento del espacio natural y colaborará económicamente con el Ayuntamiento de Sant Josep intermediando fondos propios u otras fuentes.

El Ayuntamiento de Sant Josep será el encargado de habilitar suelo para la construcción de las nuevas viviendas, de impulsar los expedientes urbanísticos necesarios y de construir la nueva promoción para alojar a las familias de los dos bloques de los Don Pepe.

Finalmente, el Consell de Ibiza se compromete con este protocolo a tramitar los expedientes urbanísticos que sean necesarios para llevar a cabo la construcción de las nuevas viviendas y a colaborar económicamente con los propietarios afectados por la situación o con el Ayuntamiento de Sant Josep para el desarrollo de toda la actuación.

Por parte de los vecinos, un representante de cada una de las escaleras de los dos edificios que integran esta promoción ha firmado el protocolo una vez lograda la unanimidad necesaria entre todos los residentes para poder seguir adelante con esta solución. El próximo hito que se marca es la firma antes de un año del convenio con cada uno de los propietarios de los Don Pepe por tal de poder llevar a cabo la construcción de la nueva promoción donde serán realojados.

El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia ha recibido esta semana la autorización judicial para acceder al interior de la finca llamada Casa Lola para proceder a la ejecución subsidiaria de la sentencia que ordena el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada en esta propiedad. El auto judicial de la sala de lo contencioso–administrativo número 2 de Palma da un plazo de 60 días para proceder a la entrada a la finca y ejecutar la demolición de todo aquello construido ilegalmente, pero el alcalde de Sant Josep y responsable de Urbanismo, Ángel Luis Guerrero ha informado que no tiene intención de agotar este plazo y ha anunciado que ya se ha notificado a la propiedad que la entrada se hará el próximo día 9 de agosto. «Solo una medida cautelarísima lo podría parar y estamos seguros que no pasará», ha afirmado esta mañana al anunciar la notificación recibida ayer de los juzgados, que también ha instado a la propiedad a hacer este trabajo de manera voluntaria antes de esta fecha.

Guerrero ha recordado que preparando este momento ya se encargó un presupuesto de la posible demolición de los 1.892 metros cuadrados de superficie edificada ilegalmente que se tienen que demoler, de más de 300.000 euros, con una duración estimada de los trabajos de entre dos y tres semanas. Una vez se haya entrado a la propiedad se tendrá que hacer el replanteo del trabajo y ajustar el posible coste, que se reclamará posteriormente a los promotores junto con la multa correspondiente a las reiteradas infracciones urbanísticas que han cometido empezando a contar desde que la propiedad ignoró la primera orden de paralización de las obras sin licencia en esta finca, en diciembre de 2012.

«Ya hemos firmado el decreto de alcaldía que se ha notificado a las sociedades titulares de la finca donde les informamos que el 9 de agosto se procederá a la entrada para empezar el trabajo de planificación de todo lo que se tiene que demoler en el interior», ha explicado Guerrero, que ha añadido que «hoy es un día feliz para Sant Josep, porque se acaba una historia demasiado larga por la sensación de impunidad que se transmitía a la ciudadanía, una situación que hemos tenido que vivir a menudo con impotencia, con las manos ligadas y con la sensación que se reían de todos nosotros. Bien, pues no, no puede ser que cualquiera venga aquí pensando que podrá hacer lo que le dé la gana si tiene dinero. El día de poder aplicar la justicia y pasar cuentas acaba llegando».

«La administración es lenta, pero inexorable. Nunca pierde el paso y siempre llega hasta el final, al menos en esta etapa. Y este es el final de la historia que queríamos para esta larga historia, así que tengo que dar las gracias a todos y todas las trabajadoras y personal técnico de la casa que han hecho un trabajo impecable desde el primer día y hasta hoy, por eso los juzgados nos han dado la razón en todas y cada una de las causas que hemos tenido que superar para conseguir la resolución que tenemos hoy y que cierra un capítulo vergonzoso que hemos tenido que tolerar demasiado tiempo. Estamos muy contentos de poder anunciar que el complejo turístico ilegal de Casa Lola dejará de existir físicamente porque lo tumbaremos piedra por piedra», ha declarado el alcalde, que ha agradecido el trabajo de los regidores de Urbanismo que lo precedieron, Josep Antoni Prats i Javier Marí, y ha recordado que el expediente de infracción se cerró hace diez años «con un gran pulcritud y rigor» y que el resto de años que han pasado hasta llegar a la ejecución subsidiaria han sido «una larga batalla judicial contra esta aberración urbanística».

El alcalde ha recordado el último tramo del largo recorrido judicial que ha tenido este caso, que arrancaba hace casi un año con la ratificación por parte del Tribunal Supremo del Estado de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) que avalaba la resolución del expediente de infracción urbanística municipal y ordenaba la demolición de todo aquello levantado sin licencia. Con esta esperada resolución, se dio un plazo de tres semanas a los promotores para iniciar la demolición antes de que el Ayuntamiento lo ejecutara de manera subsidiaria. «Nuevamente los propietarios han mirado de esquivar la ley y alargar todo lo que han podido los plazos, mirando de entorpecer nuestro trabajo y sin ninguna colaboración suya y obligando a pedir autorización judicial para poder dar cumplimiento a la sentencia», ha explicado Guerrero, que considera que «lo que ha pasado en Casa Lola nos tiene que hacer reflexionar si este sistema tan garantista que sobreprotege al infractor tiene que seguir siendo así».

Cerca de la resolución final del caso, los promotores miraron de salvar la situación presentando un proyecto de demolición que «no cumplía ni mucho menos todo lo que se tenía que demoler, pero se lo autorizaremos igualmente porque todo lo que ya esté derruido es un ahorro de dinero público». Después no permitieron que entraran los técnicos del Ayuntamiento para certificar el final del trabajo para comprobar si efectivamente habían hecho nada. En cualquier caso, este verano el complejo turístico ha sido denunciado nuevamente por acoger fiestas ilegales y se han recibido quejas de los problemas de tráfico que causa la afluencia de vehículos hacia el recinto que según el alcalde «no acabará la temporada».

Las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del suelo vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, consisten en una piscina y terraza anexa en el edificio principal, el porche, edificación anexa de unos 50 m², los cimientos de una edificación de unos 30 m² de superficie aproximada, edificación de unos 50 m² construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso, dos edificaciones que forman una ‘L’ de una superficie de 200 m² (50 m² una y 150 m² la otra), depósito de agua con una superficie aproximada de 52 m², 8 volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933m2, terrazas cubiertas con una superficie total al 100% de 342m2, terrazas abiertas con una superficie total de 414m2, dos piscinas con superficie de espejo de agua 84m2 y 68m2, respectivamente, una cisterna en construcción de 36m2 de superficie y construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural, todo con una edificabilidad total aproximada de 1.104 m² y una ocupación total aproximada de 1.892 m².

Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se retomará la tramitación del expediente sancionador contra sus propietarios y promotores, a los que se considera responsables de una infracción grave. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución judicial del caso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción que inicialmente era de 1,4 millones de euros. A esta cifra se tendrá que añadir la reclamación correspondiente al coste de la ejecución subsidiaria de la demolición que ha asumido el Ayuntamiento, una cantidad que puede variar en función de la situación que se encuentren dentro del recinto. Por ejemplo, si, efectivamente, los promotores derrocaron parte del complejo por su cuenta.

El alcalde ha recordado que el departamento de Urbanismo se sigue trabajando «en silencio y con el mismo rigor» para proteger el territorio de Sant Josep y hacer respetar el ordenamiento urbanístico.