El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia instará a través de un acuerdo de plenario al Consell de Ibiza a asumir sus competencias y obligaciones como asesor de los ayuntamientos en materia urbanística y a pronunciarse sobre la situación de los apartamentos Don Pepe, en la playa des Codolar. El equipo de gobierno lamenta que la máxima institución ha tardado dos meses en contestar la consulta formulada por los servicios urbanísticos municipales con una respuesta cualificada de «muy insatisfactoria» desde el equipo de gobierno de Sant Josep, donde el Consell se escuda en informaciones publicadas en la prensa para rehuir pronunciarse en ningún sentido.
El equipo de gobierno considera que «carece de todo rigor» la contestación recibida, donde se conversa que según las informaciones que han visto en prensa, se ha llegado a la conclusión de que el caso ya está resuelto en la vía administrativa, una respuesta «poco seria» que ha recibido el Ayuntamiento con la firma del conseller insular de Territorio.
En este escrito la Corporación responderá recordando que la forma de comunicarse entre administraciones es por la vía del registro de entrada y, si se consulta el del Consell, no encontrarán ninguna renuncia de Sant Josep a aclarar la complicada situación urbanística de los Don Pepe, de la que depende el futuro de este inmueble.
«Llama clamorosamente la atención» que una consulta técnica se dé por ventilada según lo que se reproduce en un medio, tanto se vale si estas informaciones son fieles o no a los hechos. En este caso, además, con la agravante que la cuestión no ha sido judicializada, ni se puede entender que así haya sido por lo que se ha publicado del caso.
El Ayuntamiento de Sant Josep pidió a los servicios urbanísticos insulares que se pronunciaran tanto sobre la legalidad de las edificaciones como sobre la posibilidad de conceder licencias sobre los dos bloques. Esta cuestión es motivo de preocupación tanto por las decenas de familias que viven como por el equipo de gobierno y los servicios municipales de Urbanismo. «Si es que hay una salida al hecho que al menos uno de los bloques se encuentra fuera de ordenación, los técnicos de esta casa no la ven. Y es en esta tarea donde se requirió la asistencia jurídica del Consell», como tiene asignado entre sus competencias, ha recordado el alcalde, Josep Marí Ribas.
De hecho, la denegación del asesoramiento que se pide en este caso vulnera, en opinión del equipo de gobierno, lo previsto en materia de colaboración entre administraciones públicas, tal y como establece la ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, la duda que mantienen los técnicos municipales y que motivaron en su momento la consulta siguen estando plenamente vigentes y requiere una respuesta seria por parte de quien la recibe. Bien al contrario de lo que ha respondido el Consell, su pronunciamiento sigue siendo pertinente. Es por eso que el Ayuntamiento reiterará esta consulta en este caso acompañada del aval del plenario municipal.
Así, se quiere ofrecer al resto de grupos la posibilidad de adherirse a una petición de asesoramiento en una cuestión en la que el resto de fuerzas han compartido la preocupación del equipo de gobierno. De hecho, todas ellas han sido informadas de la evolución del caso y han mostrado su apoyo a la actuación municipal en la protección de las personas afectadas por la situación de peligro inminente en que se encuentra como mínimo una de las edificaciones.
